La polémica persigue a mítico boxeador venezolano aún después de su muerte

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elinca

 

Una mañana de abril de 2010, el dos veces campeón mundial de boxeo Edwin “El Inca” Valero, cubierto de gloria con 27 peleas invicto -26 por nocaut-, mató a su esposa y dos días después se suicidó en prisión, a los 28 años, reseñó AFP.

Su trágica historia llegó al cine y prometía ser la película venezolana más vista este año, pero fue censurada.

Casi 15.000 personas habían ido a las salas desde que se estrenó el 25 de noviembre hasta que el 13 de diciembre el juez Salvador Mata García, encargado del Tribunal Segundo de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, ordenó retirarla.

Hasta entonces era el tercer filme venezolano más taquillero de 2016. Pero la familia de Valero interpuso un recurso para proteger la vida privada, el honor y la reputación de los hijos de quien fue campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2006 y de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2009.

“En menos de 24 horas el juez ordenó retirarla”, contó el director del filme, Ignacio Castillo Cottín. La medida también prohíbe la promoción de la película y ordena la confiscación del archivo digital y las copias.

Tintes políticos o amarillistas

En la pantalla quedó retratado el joven púgil que consumió drogas, el accidente de motocicleta que le dejó una lesión cerebral y episodios de violencia doméstica contra su esposa Jennifer, que culminaron en el crimen.

Pero según Oswaldo Cali, abogado del realizador, no solo mostrar el lado oscuro del deportista afectó a la película, sino que pudo haber influido la política.

“El Inca” era ferviente seguidor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). En su pecho tenía tatuado el rostro del líder socialista, que en una ocasión lo invitó a su programa televisivo “Aló, presidente” y lo exaltaba como ícono deportivo de su revolución.

“En Venezuela la justicia no es independiente, hay indicios de un componente político en la prohibición de la película”, afirmó Cali, de la ONG Espacio Público, que apoya al director y a los productores de la cinta.

Castillo Cottín, hijo del periodista Leopoldo Castillo -que reside en Miami-, considera grave la censura de su filme. “Esto afecta a todos los realizadores, un juez no debería tener potestad de decidir cuál película podemos ver”, dijo.

La familia de Valero no habla de política. Edward Valero, hermano del boxeador, comentó al diario Los Andes de El Vigía que el largometraje se basó “en una falsa historia” y en “noticias amarillistas”.

Cali esgrime que los hechos sobre los que se basa el largometraje, categorizada para mayores de 16 años, son de dominio público. Por ello, agregó, para realizarlo no se requirió autorización de la familia.

El abogado afirma que se trata de una violación a la libertad de expresión. “Si el material afecta los derechos de alguien, ameritaría una indemnización, no su prohibición”, añadió.

Función privada

La primera audiencia del caso debió realizarse el lunes, pero el juez la postergó porque ni él ni la Fiscalía ni la Defensoría habían visto la película, según la defensa.

“Antes de decidir, un juez debe tener evidencia de que algo lo justifica. ¿Cómo puede decidir sobre una película que no ha visto?”, se preguntó Cali.

Según el director, la inversión de más de 500.000 dólares que costó el filme, hecha principalmente por empresas privadas y algunos aportes del CMB y la AMB, no se ha recuperado por el poco tiempo que estuvo en cartelera.

Mientras las autoridades organizan una función privada para retomar el proceso judicial, Espacio Público y algunos ciudadanos recaudan firmas en la plataforma change.org, para que se reanude la exhibición.

“Es una historia genial, con detalles impecables y buenas actuaciones. Es fuerte, pero lo manejaron bien, no sentí que fuese violenta”, dijo Isolina Castejón, una estudiante que alcanzó a ver la película, que consideró respetuosa.

Son pocos los casos de censura a películas venezolanas. El más notorio es “Ledezma, el caso Mamera” (1981), sobre un crimen real cometido por un policía de Caracas. No se pudo proyectar y su director, Luis Correa, estuvo preso por “apología del delito”.

En 2005 se abrieron dos juicios contra “Secuestro Express”. El director Jonathan Jakubowicz dijo en una entrevista con el diario El Nacional que Chávez incluso sugirió investigarlo por considerar que la película ofendía a las Fuerzas Armadas al mostrar a un soldado homosexual.



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